Por Ernesto Jauretche
El cierre de las negociaciones con los acreedores privados de nuestra deuda externa es el hecho más destacado de toda la gestión de Alberto Fernández. Ni así mereció algún gesto épico de un gobierno aburrido; la sociedad los necesita: está disciplinada pero sufre, heroicamente, y pudo dársele la ilusión de que entre tanta malaria participaba de un tiro pal´lao de la justicia.
Es que el acontecimiento tiene significados que no deben leerse sólo en clave económica: el triunfo cantado por el gobierno que celebra ahora “tener las manos libres” presagia como contrapartida nuevas tensiones. El cese de la extorsión del endeudamiento sobre la opinión pública alentará los legítimos reclamos de la sociedad civil organizada, sumergida en la peor tragedia socioeconómica de nuestra historia.
Al advenimiento del gobierno del Frente de Todos, el Tesoro argentino enfrentaba pagos a los tenedores de títulos privados por un total casi 150 mil millones de dólares entre el año 2020 y el año 2117. Nada menos. Pero, si pudiera haber algo más calamitoso, es que, de ese total, los acuerdos firmados por Macri cargaban vencimientos entre este año 2020 y el próximo 2023 por ¡¡¡cerca de 40.000 millones de dólares!!! Los argentinos tendríamos que estar pagando durante estos tres años casi el 37% del total de una deuda tomada a más de 100 años. Nada menos que el 10 % del PBI. Más o menos el equivalente de lo que nos está costando la pandemia este año terminaría en las arcas de los usureros internacionales.
Era lo pactado por Mauricio y su pandilla. Una deuda imposible de satisfacer y un esfuerzo imposible de exigir, sin represión, al pueblo argentino. Un trampolín obligado hacia el default, esa denominación de la insolvencia, la quiebra o la bancarrota que el lenguaje técnico de los economistas da a la siniestra trampa de las consecuencias de la usura.
Ni siquiera es probable que el argumento de la pandemia haya pesado, pero salimos del aprieto. La deuda se pagará mayormente entre 2025 y 2035. ¿Hicimos negocio?
Por ahora parece que sí. Pero lo más probable es que dentro de cinco años, a la hora de los nuevos vencimientos, se abra otra negociación para refinanciar esa parte de la deuda. Y así al infinito. Es sabido. La famosa fórmula del interés compuesto. Albert Einstein la calificó como la fuerza más poderosa de la galaxia. Una exageración, pero los usureros y los acreedores internacionales le dieron la razón. El negocio de los prestamistas no es la devolución del capital sino cobrar intereses, incluso hasta mandar al deudor al cementerio.
Negociamos, ¿no? Es ley de juego, y hasta en la bolita el más fuerte siempre gana.
Pero es bueno destacar términos del debate que no se reflejan en los números: la negativa del Gobierno a la pretensión política de los poderosos fondos de inversión de incorporar a la mesa una discusión sobre un “programa” para garantizar los pagos de los servicios de la deuda. El rechazo a la exigencia de una cesión de soberanía habla de la buena muñeca política del erudito ministro de Economía.
Sin autonomía monetaria ni política el país estaba destinado a ser mera comparsa; furgón de cola de los poderosos, afónicos en el debate sobre la reestructuración del mundo económico que está en curso a partir de la superación de la pandemia. Por chiquita que sea nuestra palabra, en eso, fundamentalmente, nos beneficia este acuerdo.
Pero en lo cotidiano, además, con la tranquilidad de tener bajo control el sector externo de la economía se puede esperar, por ejemplo, que el dólar sea más manejable, menos aleatorio, más protegido de las operaciones financieras de los bancos y los monopolios; esto es, que se acabe la presión de las variables del dólar que afectan los costos internos hasta de alimentos y artículos de primera necesidad.
Sin embargo, no se ha acabado la discusión de la deuda. El acuerdo con el FMI por las formas de pago del crédito de 44 mil millones de dólares puede ser menos trabajoso que con BlackRock. Se podrá introducir la responsabilidad del organismo durante las concesiones de dudosa legalidad otorgadas al financista Toto Caputo y al periodista Nicolás Dujovne en 2018 y 2019. Pero estarán otra vez en juego variables que hacen a nuestra autoridad y libre albedrío para manejar el futuro del país: habrá que observar con atención los condicionantes, tradicionalmente de cruda hechura neoliberal, que el FMI quiera poner a una renegociación de la deuda; los conocemos: flexibilización laboral, jubilaciones, papel del Estado y libertad de mercado estarán sobre la mesa.
Aliviado en principio el lastre en el frente externo, el Gobierno deberá avanzar en el acuerdo económico y social que Alberto Fernández pregonó durante la campaña electoral.
El corazón del conflicto actual, de raíz histórica, que ya no hay motivo para postergar, late hoy entre dos polos: los intereses de la Asociación Empresaria Argentina, que considera excesiva la presión tributaria y elevados los costos laborales y exige la disminución de controles estatales y mayor libertades de mercado, por un lado, y por otro la posición de las organizaciones como la Corriente Federal de Trabajadores, que proponen estímulos a un mercado interno fuerte y un Estado nacional regulando la economía contra los monopolios, que sea promotor del pleno empleo y de incrementos de salarios e ingresos sociales.
Hay quienes a este conflicto tan antiguo le llaman lucha de clases. Entre nosotros es el peronismo “combatiendo al capital”.
¿VENCEREMOS?