Por Rodolfo Pablo Treber
En el contexto actual de desinformación planificada, es habitual que se presenten consecuencias disfrazadas como causas de los problemas que aquejan a la economía argentina. Un ejemplo claro es la preeminencia en el debate público sobre la brecha cambiaria y el “dólar blue”.
En este sentido, y con el objetivo de llegar al verdadero conflicto, es importante esclarecer el porqué de la relevancia del dólar ilegal y, así, atacar sus causas y no seguir enredados en la discusión financiera-especulativa que solo alimenta el desorden, el caos y la confusión.
El volumen inicial operado del dólar “blue” nace de la necesidad de dolarizar, o pesificar, fondos provenientes del tráfico ilegal de mercaderías de distintos orígenes: narcotráfico, exportaciones e importaciones no declaradas y operaciones de comercio interno. Las dos primeras son posibles gracias a la ausencia del Estado en la regulación del tráfico en ríos internos y mares, donde se estima que, como mínimo, un tercio de las toneladas transportadas no son declaradas, fiscalizadas, o expuestas a control alguno. En cuanto a las de origen interno, son motivadas por el alto nivel de informalidad de la economía argentina, superior al 40%.
Por otro lado, se nutre de los ahorristas que buscan dolarizarse más allá de lo que permite la norma, como refugio frente a la devaluación permanente de la moneda nacional, y de aquellos que buscan vender sus dólares a un precio superior al de pizarra. Pero este mercado ilegal, que según los medios hegemónicos es referencia para la fijación de precios internos, apenas representa entre un 5% y un 10% del volumen operado en el mercado cambiario legal. No hay dudas de que esta exacerbada difusión de un mercado pequeño, ilegal y manipulado discrecionalmente, está siendo utilizada por aquellos interesados en elevar el precio oficial de la divisa extranjera por fuera de toda lógica económica.
A fin de descubrir de qué intereses estamos hablando, solo hace falta advertir quiénes son los únicos beneficiados de una constante devaluación del peso argentino. Desde luego, el pueblo trabajador es el primer perjudicado, ya que afecta directamente al poder adquisitivo del salario por la relación directa y lineal entre devaluación e inflación; pero también castiga a empresarios importadores y a la cadena de producción local en su totalidad, dado que conlleva un aumento generalizado de los costos fijos, insumos y una caída de la demanda en el consumo interno.
Completamente alejado de esta realidad, el sector exportador ve con buenos ojos tanto una caída del consumo interno, pues le genera mayor cantidad de saldos exportables, como un aumento del valor del dólar, porque cobra su liquidación en pesos al tipo de cambio oficial. Esto último explica el gran interés del sector agroexportador por la devaluación. Las cuatro grandes empresas transnacionales que dominan el 60% del acopio y comercialización de nuestro comercio exterior (Cargill – EEUU 14%, COFCO – China 14%, Archer Daniels Midland – EEUU 12%, Bunge – EEUU 11%, Dreyfus – Francia 9%) venden el producto del suelo argentino en dólares, que ingresan al Banco Central, y reciben pesos convertidos al tipo de cambio menos el porcentaje de retención aplicado (descuento que trasladan al productor por el poder dominante de mercado que tienen).
Sin embargo, su mayor interés no es la maximización de ganancias, sino el poder político. En un contexto de gran endeudamiento, falta de divisas y necesidad urgente de importaciones por nulo desarrollo industrial, aquellos que controlan el comercio exterior definen las políticas internas. Sin ir más lejos, hoy el gobierno nacional se encuentra a merced de la liquidación de divisas del sector exportador que exige la quita total de retenciones o una devaluación brutal que hunda, aún más, en la pobreza al pueblo argentino.
Someter políticamente a la Patria y empobrecer al Pueblo mediante crisis económicas, planificadas y permanentes, son la garantía de conservación del orden establecido. Necesitan que la Argentina no se levante, no se industrialice, para mantener inalterable su dominio. Esto les da posibilidades de negocios que trascienden, largamente, el comercio de granos, como la orientación del consumo interno y el manejo de recursos naturales (minerales, materias primas e hidrocarburos).
En consecuencia, debemos identificar la causa de los problemas económicos de la Argentina en la implementación, consolidación y naturalización de un sistema político ajeno a los intereses nacionales, con base en la privatización y extranjerización de su comercio exterior y su sistema financiero. Este, y no otro, es el origen de la primarización de su economía y la dependencia de una moneda que no emite ni controla.
Entonces, no debemos, ni podemos, esperar recetas mágicas de tecnócratas para salir de esta situación. Se precisa dar pasos concretos con foco en la transformación de la matriz productiva nacional, si es que verdaderamente existe la voluntad política de solucionar el problema y alcanzar la independencia económica.
A fin de lograr este objetivo, resulta urgente y necesario recuperar la administración del comercio exterior. La protección del mercado interno, junto a un plan de industrialización por sustitución de importaciones, es un paso obligado para la generación de trabajo genuino que disminuya la principal demanda, y causa de la dependencia, de dólares que tiene el país. También es el único camino para quitarle poder a la oligarquía apátrida y transnacional que impide el desarrollo nacional.
El otro pilar es recuperar la soberanía en el sistema financiero dado que, inevitablemente, para iniciar un proyecto de industrialización se precisan capitales de inversión. En otras palabras, recuperar el rol del Banco Central como banco de promoción y desarrollo, orientando el caudal de dinero —destinado hoy a la especulación financiera— al crédito a la inversión con fines productivos. Para poner en contexto la importancia e impulso que pueden generar esos fondos, solo hace falta decir que la base monetaria es de 2,3 billones de pesos, mientras que los fondos depositados en Leliq y herramientas financieras del Banco Central suman 2,6 billones de pesos. Ese enorme volumen de dinero sería más que suficiente para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización.