Por Alejandro Olmos
Si los fondos no se usaron en beneficio del pueblo cabe rechazar el pago, como hizo EEUU en los siglos 19 y 21Fundamento jurídico, antecedentes internacionales y marco teórico a los que puede recurrir el Gobierno para impugnar y repudiar la deuda pública argentina
Después de que el ministro Guzmán comunicó que había acordado con los tres grupos mayores de bonistas la restructuración de la deuda, y dio una conferencia sin efectuar precisión alguna, los ex ministros endeudadores Daniel Marx, Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Luis Caputo salieron a declarar su conformidad con la definición que se logró. Los diarios “La Nación”, “Clarín” y el obsecuente oficialista “Pagina 12” llenaron sus páginas con notas donde celebraban el acuerdo, así como también algunos gurúes económicos y sectores empresarios que ven cómo se alejó el temido default. A esto se sumó la baja del riesgo país y el aumento de los títulos de empresas en el extranjero, dado que cuando los sectores concentrados del poder se benefician, los invade la tranquilidad de que podrán seguir con sus negocios habituales.
Inexplicablemente, muchos economistas respetados se han largado a hablar de datos y cifras a las que han sacado de trascendidos, como todo lo que se habla desde el 4 de agosto pasado, ya que el Gobierno no ha dado la menor precisión sobre los términos del arreglo sino solo generalidades
Un célebre juez de la Nación, el Dr. Salvador María Lozada, buen amigo de años, me decía que no hay que seguir los discursos ni las generalidades sino leer los documentos porque ahí siempre están los perjuicios para el país. Tengo larga experiencia en ello ya que, cuando fui auditor del Ecuador, pude comprobar el cúmulo de ilegalidades de los contratos, la violación del orden público y el desprecio por la soberanía; y cuando investigué el Brady en Argentina y el canje del 2010, pude advertir cómo se negociaba siempre. Ni hablar de los bonos de los últimos cuatro años, con el célebre de 100 años que emitió Caputo, reservándose una partecita para una de sus off shore.
Digo esto porque hasta que no se publique el “indenture”, que es el documento de emisión de los bonos donde están las formas de pago, las tasas de interés, los intereses devengados, el tipo de bonos con los valores absolutos de lo que se va a pagar de capital y los intereses en los próximos 25 años, las fechas de pago y las clausulas legales, donde siempre la Argentina hace renuncias indiscriminadas, no se puede hablar, solo tirar reflexiones sobre lo poco que circula en los medios. Es muy imprudente hacer cálculos económicos sobre noticias sin ver los documentos oficiales, que es lo que hago siempre para tratar de no equivocarme.
Antes de que se complicara la economía por la pandemia hubo una oferta que supuestamente se fundaba en la posibilidad de lograr una deuda sustentable, pero parece que no lo era tanto, ya que ante la negativa de los acreedores se fue mejorando la oferta mes a mes, y cambiando las fechas de finalización de la misma. Hace unos días el presidente Fernández sostuvo que el 4 de agosto se cerraba, que era la última oferta, que no había marcha atrás, y de nuevo la hubo, mostrando que la coherencia y la firmeza siempre ceden ante el poder económico. Dado que los 53% de valor presente de los títulos se convirtieron ayer a la madrugada en 54,8, esto hizo que se terminara el acuerdo, y que ese 4 de agosto volviera a prorrogarse hasta el 24 de este mes según la resolución ministerial firmada por Guzmán y publicada en el Boletín Oficial. Ni la oferta fue inamovible como sostuvo el Presidente, ni tampoco la fecha de cierre de la oferta.
Antes de que se tuviera conocimiento de los efectos devastadores de la pandemia sobre la economía nacional, se les dijo a los acreedores que solo se podía empezar a pagar en noviembre del 2023. Ahora, en medio de la gravísima situación económica que estamos viviendo, con pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, quiebra de pymes, una pobreza estimada en casi el 50% y un índice de inflación que el Banco Central estima en 52% para los próximos 12 meses, se decidió empezar a pagar en enero del año que viene. Y aquí es pertinente hacerse una pregunta, ¿con qué dinero se va a empezar a pagar? Utilizando las reservas del BCRA o, ya que se llegó a un acuerdo, volviendo a colocar deuda en el mercado internacional, para con esa deuda nueva empezar a pagar la vieja, que es lo que hicieron todos los gobiernos desde que llegó la democracia. Si es así, seguiremos con el sistema que no solo nunca nos trajo beneficios, sino que perjudicó severamente al país, ya que, al analizar los presupuestos, se ve que siempre el pago de las obligaciones externas fue una de las prioridades del gobierno nacional. Además, sobre 66.500 millones de dólares, solo va a haber una quita de alrededor de 1.500 millones.
Con el temido “default” alejado, se seguirá negociando, y ahora sigue acordar con el FMI, al que se le deben 44.000 millones de dólares, más 4.000 de intereses aproximadamente, de los que no va a haber ni un centavo de descuento a pesar de su responsabilidad en la operación. Solo se ganará tiempo, como si eso, por si solo, resolviera los problemas económicos de un país al que la pandemia lo ha dejado en una situación muy vulnerable y que, si no produce, seguirá con un estancamiento cada vez mayor.
Otra de las cosas que permanece en la nebulosa de los anuncios es toda la otra deuda que también hay que pagar: la que está bajo legislación local, que son más de 40.000 millones de dólares, las letras del Tesoro y otras obligaciones, ya que el flamante acuerdo representa la quinta parte de la deuda, que es de 330.000 millones de dólares, y, aunque hay una importante deuda intra-estado, no es algo que se pueda postergar indefinidamente.
Es importante puntualizar que el Gobierno, al igual que los anteriores en los distintos procesos de restructuración de la deuda, siempre se negó a efectuar un censo obligatorio de acreedores para saber quiénes tenían los bonos, a cuánto los habían comprado y cuál era el origen de los fondos. Hay una importante cantidad de esos bonos en manos de argentinos, y sería bueno conocer de dónde sacaron la plata y si la tenían declarada, siendo un ejemplo el hecho de que Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Macri, y Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de la Nación, compraron bonos de la emisión del 2016 en uso de información privilegiada, por lo cual fueron imputados penalmente por la Fiscalía Federal N° 6. En cuanto al ex ministro Caputo, hizo operaciones con Lebac sospechosas y una empresa vinculada a él compró más de 5 millones de dólares del bono a 100 años que va a entrar en esta reestructuración. ¿Quién puede decir que el festejo no obedezca a que BlackRock, Fidelity, Ashmore o algún otro fondo de inversión no tengan tenencias de estas personas y de los otros que festejan?
Algo no menor, de lo que sugestivamente no se habla y que permanece ausente en la discusión económica, es el estado del Banco Central. En enero de este año había Leliq emitidas por 1.310.045.449; hoy esa deuda en letras es de 2.395.822.939 a una tasa del 40%. Los pases pasivos (deuda) eran de 1.949.100.787; ahora son 2.217.960.853, a lo que deben sumarse otros pasivos que en conjunto equivalen a dos veces y medio las reservas internacionales.
También creo que debe tenerse en cuenta cómo los países en vías de desarrollo son tratados en cualquier negociación. En este momento en que las tasas internacionales son muy bajas y hay extrema liquidez, nosotros deberemos pagar tasas entre el 5 y 6% a los prestamistas, mientras que en los países de Europa, que se encuentran en mejor situación, existen planes para cobrar apenas el 1%.
Otro ejemplo es que uno de los países más endeudados del mundo emite los TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) de EEUU, que a 30 años, con un único pago de capital a su final (bullet), pagan actualmente intereses de solo el 0,25 % anual. Por su parte, el Reino Unido tiene los GILTS indexed, que a 50 años solo pagan intereses de 0,125 % anual. Razón por la cual su servicio de intereses ajustados por inflación a lo largo de los años es insignificante, pagándose finalmente todo el capital ajustado por inflación al vencimiento de ellos.
Un detalle que estimo de importancia para evitar que se caiga en el error: en forma reiterada se habla de la deuda de Macri, y caen en esa equivocación economistas, periodistas y, como era de esperar, gran parte de la dirigencia política oficialista. Habría que recordarles que lean los documentos del Estado para que recuperen la memoria y comprueben que Macri no emitió ningún instrumento de deuda que no le fuera autorizado por el Congreso de la Nación, donde nunca tuvo mayoría, por lo cual, la deuda es responsabilidad de los legisladores que la autorizaron, y del Poder Ejecutivo que la emitió, sin que hubiera control alguno por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública. Es decir, responsabilidades compartidas.
Finalmente: por lo poco que se sabe, este es un alivio coyuntural respecto a los pagos que había que hacer. Se postergan vencimientos y se tira la deuda para adelante como se hizo siempre. El sistema sigue funcionando a la perfección desde 1984 hasta hoy, y nunca nadie quiso enfrentarlo con decisión para que dejara de ser el problema que es y que arrastramos desde la dictadura militar.
Respecto a los discursos exitistas, que sostienen que ahora todo va a ser distinto, que los organismos internacionales nos apoyan, que este es el principio de la solución definitiva de la deuda, les pido a mis amigos que lean lo que se dijo en 1992 en ocasión del Brady, y en el 2001, cuando el mega-canje, y se van a asombrar. En el 92, una deuda que era de 62.000 millones de dólares, ocho años después fue de 140.000, y en el 2001, esa operación nos endeudó en casi 20.000 millones de dólares más a tasas inconcebibles.
Siempre ocurre que una cosa es el discurso y otra muy distinta la realidad que siempre termina imponiéndose.