Por Melisa de Oro
Todes conocemos la famosa frase de Evita: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”, y sabemos que para el Peronismo sólo existen dos clases de personas, las que trabajan y las que viven de las que trabajan; por eso, el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, la piedra angular de la Comunidad Organizada, y es una obligación del Estado eliminar los obstáculos que impiden a cualquier colectivo el acceso al mercado laboral. Dicho esto, parecería que un grupo de personas, con sus capacidades laborales intactas, no necesita el auxilio del Estado para acceder a un trabajo en las mismas condiciones en que lo hace el resto de la población del país. Lamentablemente este no es el caso.
Hasta hace muy poco tiempo las mujeres no accedían a lugares de conducción, ni a integrar los espacios legislativos y partidarios. La aprobación del voto femenino y, lo que es más significativo, la inclusión de las mujeres en el funcionariato y como candidatas a cargos electivos, rompió el primer techo de cristal y lo hizo de la mano del Peronismo, con Eva Perón al frente de esa iniciativa transformadora. Después, como consecuencia de la revolución fusiladora y del retroceso forzado por el predominio obstruccionista de los sectores conservadores, se hizo necesario impulsar un cupo femenino del 30%, muy criticado por los sectores de la masculinidad meritocrática que siempre supone que sus privilegios son naturales y merecidamente ganados, y no la consecuencia de un sistema expulsivo y retrógrado que beneficia inmensamente a quienes forman parte de ese colectivo masculino. Hoy en día, gracias a una legislación compensatoria de las desigualdades de género, la paridad se impone en varios ámbitos, pero muchos colectivos reclaman su inclusión en un mundo donde el privilegio masculino aún es la característica dominante.
La masculinidad hegemónica (blanca, heterosexual, clase media, profesional) ha sido la dueña del poder político, del sistema médico, de las iglesias, de la justicia, de las fuerzas policiales y militares, la voz de los medios y de las cátedras, la gran dadora y negadora de empleos. Como la gran electora de “lo bueno y lo malo” (para las empresas y para el Estado), fue moldeando a su gusto tanto el espacio público como el privado, relegando a quienes no se ajustaban a sus patrones estéticos (y a su vara moral) a los márgenes del mundo laboral, a empleos mal remunerados, a la total informalidad, a luchar por la supervivencia en los espacios callejeros o en lugares donde someterse a la explotación laboral es la única forma de comer todos los días. Así, tenemos un mundo blanco en todos los espacios de poder, en todas las empresas, en todas las oficinas, en los comercios, en las cátedras, en las escuelas, y en casi todas las reparticiones del Estado. Recién, hace unos pocos años, algunos varones blancos que hicieron visible su homosexualidad lograron atravesar algunas barreras y fueron aceptados en ciertos espacios de poder, pero muchos permanecen en el closet por temor a perder empleos, status social o ciertos privilegios. La inmensa mayoría de las lesbianas aún permanece en el closet. Seguramente se preguntarán qué tiene todo esto que ver con el cupo laboral travesti-trans, pero ya voy al punto: ¡todo!
La hegemonía blanca-heterosexual-burguesa es la clave para entender el cupo laboral y las distintas discriminaciones que padecen otros colectivos sociales. Podríamos llamar a esa hegemonía el hetero-cis-patriarcado: hetero, por heterosexual; cis, porque coincide la identidad con el sexo-género que se les asignó al nacer; y patriarcado, porque es la superestructura que defienden y buscan reproducir. Por supuesto, el hetero-cis-patriarcado también es defendido y sostenido por mujeres blancas, porque el CIStema las coloca en un lugar subordinado pero con muchos privilegios compensatorios, compartiendo cada vez más los espacios de decisión, el poder político y económico, es decir, la capacidad de dar o quitar empleos, y de direccionar a quienes “no encajan” en sus patrones estéticos y culturales hacia las periferias y los lugares subalternos. Así, la “blanquitud” mantiene el control del espacio social (público y privado) con un doble juego de pinzas: el género y la clase. Su mayor instrumento de control está en su capacidad de dar y quitar trabajo. Fija las reglas del mercado laboral y los patrones estéticos y morales para el empleo y la vida social.
Que no se vean mujeres trans (o travestis) trabajando en los juzgados, en las oficinas, en los bancos, en las legislaturas, en los hospitales, clínicas y sanatorios privados, en las escuelas, en los espacios de atención al público, es consecuencia natural de las prácticas y las políticas hetero-cis-patriarcales. El borramiento casi absoluto del colectivo travesti-trans del mercado del trabajo formal es consecuencia directa de las discriminaciones impuestas por la “blanquitud”, que termina imponiendo su modelo de exclusiones y preferencias a todo el conjunto social, incluso a aquellos sectores que también padecen esas prácticas clasistas y discriminatorias. Se dirá (y con justa razón) que tampoco ocupan esos lugares de trabajo personas negras, de piel oscura, con rasgos de pueblos originarios, de baja estatura, o con cualquier otra característica no hegemónica, o que circunstancialmente no sean del “gusto” de la patronal blanca o de quien se encargue de seleccionar el personal; y lamentablemente debemos reconocer que así es, que las discriminaciones son múltiples y que están profundamente invisibilizadas.
Entonces, ¿por qué habilitar un cupo para el colectivo travesti-trans, si hay tantas personas e identidades que también son víctimas de discriminación laboral? ¿No deberíamos pensar en un cupo para personas negras y para quienes son descendientes de los pueblos originarios? Sin ninguna duda, hay con ellos una inmensa deuda social que debe ser saldada, y ya llegará la hora, pero el colectivo travesti-trans ha padecido algunas violencias y discriminaciones específicas: fue expulsado de su propia familia, de las escuelas, del sistema de salud, y ha sido víctima de persecución estatal por su identidad de género, es decir, sólo por su propia existencia. Los edictos policiales (y los códigos contravencionales) castigaban su identidad, el ser mujer trans, el ser “travesti”, y la sancionaban con penas de cárcel de 30-60-90 días, según la provincia, la ciudad, el municipio, o la decisión arbitraria del comisario de turno. La “ciencia médica” avalaba la persecución del Estado instrumentalizada por el aparato jurídico-policial, y hasta se llegó a utilizar electroshock para “normalizar” a “los anormales”, a “los travestidos”. Fueron impuestas “terapias de conversión”; las iglesias demonizaron la existencia de las mujeres trans y travestis, las familias las expulsaron de sus casas a muy corta edad, el sistema educativo no les dio contención, las escuelas se convirtieron en lugares de tortura psicológica y moral, en las cárceles padecieron hambre, humillaciones, maltrato, torturas y violaciones. La policía las utilizó como su caja oculta, cobrando coimas y peaje sexual. La calle fue el único refugio, sus familias terminaron siendo sus propias compañeras de destino; la prostitución, el único salvavidas, y para muchas, un salvavidas de plomo.
Forzadas a pagar sobreprecios en alquileres y habitaciones de hoteles y pensiones, debieron sobrevivir como pudieron, sin tener acceso siquiera a los trabajos “feminizados” (cuidado de niños y adultos, ayuda escolar, tareas domésticas, trabajos de limpieza…) porque la masculinidad dominante no toleraba su existencia transgresora (ni en sus casas ni en sus lugares de trabajo, ni siquiera en las calles) y buscó disciplinar con golpes y violaciones esa traición al género masculino que representa para los machos cabríos las identidades trans y travestis. La consecuencia fue un verdadero genocidio social. Perseguidas y encarceladas por la sola razón de existir, expulsadas también del mundo del trabajo informal, e incluso de aquellos donde la explotación laboral tiende a hacer más flexible la incorporación de mano de obra barata, la inmensa mayoría del colectivo travesti-trans sobrevivió ganándose el pan ofreciendo servicios sexuales a muy corta edad, muchas incluso desde los 12-14 años.
Existe una gran diferencia entre elegir ser Puta y que te condenen a ser puta como la única forma de sobrevivir. Algunas, gracias al trabajo sexual, han podido viajar por todo el mundo, se han comprado su casa, puesto un negocio, hecho inversiones que les dan hoy un buen pasar, pero no es la situación de la mayoría. Muchas trans y travestis se reconocen orgullosamente como trabajadoras sexuales, pero otras maldicen cada día que tienen como única salida ofrecer sexo por dinero.
La prostitución debe ser una elección, una alternativa, jamás un destino obligado, jamás una condena forzada. El promedio de vida de 35-40 años es la consecuencia directa del genocidio social del que ha sido víctima el colectivo travesti-trans, todos sus derechos humanos han sido violados. El Estado (controlado por la masculinidad blanca) es responsable de tanta violencia y de tanta discriminación, y debe reparar con políticas activas (y de real inclusión) tanto daño ocasionado. La sociedad toda debe asumir su responsabilidad histórica, su complicidad con las injusticias padecidas. Afortunadamente, los tiempos van cambiando, y gracias al feminismo, a los avances del gran colectivo femenino, la sociedad evoluciona, su mirada se hace más abierta, más inclusiva. Hoy hay muchas chicas travestis y trans con estudios terciarios y universitarios, las familias se han vuelto cada vez más contenedoras, más comprensivas, y van dejando de expulsar a las niñeces y adolescencias trans. El cariño y la aceptación ganan espacios a medida que la masculinidad hetero-cis-patriarcal va cediendo terreno, y esas masculinidades violentas y expulsivas van abriendo paso a nuevas masculinidades. El proceso es lento, pero parece inexorable. Las escuelas, las universidades, ya han abierto sus puertas; falta el mundo del trabajo, el cupo laboral travesti-trans apunta a saldar esa deuda. El Estado abre el camino al trabajo formal, las empresas privadas deberán seguir su ejemplo.
En la Provincia de Buenos Aires se aprobó el Cupo laboral travesti-trans en 2015 (durante la gestión de Daniel Scioli), pero recién fue reglamentado por María Eugenia Vidal unos pocos días antes de finalizar su gestión y no se aplicó durante todo su mandato. En estos momentos, a pesar de la pandemia del Covid-19, el gobierno de Axel Kicillof lo comenzó a implementar y poco a poco los distintos municipios de la Provincia se van adhiriendo al mismo. La provincia de Santa Fe ha sido pionera en la materia, y lentamente las distintas provincias y municipios del país van habilitando sus propios cupos. Las Universidades Nacionales van por el mismo camino y son muchas las que ya lo han aprobado. El Banco Nación también estableció un cupo con el apoyo de los sectores sindicales.
El 3 de septiembre de 2020 el Presidente Alberto Fernández tomó el toro por las astas y firmó el decreto 721/20, acelerando el proceso legislativo y reconociendo la responsabilidad del Estado (y de toda la sociedad argentina) al establecer un cupo no inferior al 1% para las identidades travestis, transexuales y transgéneros en todas las áreas y reparticiones del Estado Nacional. Hacía falta la llegada de un gobierno Peronista para dar ese paso trascendente, porque (parafraseando a Lohana Berkins) cuando una travesti ingresa a un trabajo formal le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis ingresan al mundo del trabajo formal, lo que cambia es toda la sociedad. Falta mucho para reparar tanto daño, falta una ley de reparación integral para las travestis y trans adultas mayores que sobrevivieron al genocidio social y que padecieron la violencia policial; falta un plan de acceso a la vivienda, falta un programa de inclusión deportiva y recreativa, falta un programa que garantice infancias trans libres de violencia y discriminación, faltan muchas cosas, pero hemos dado un paso gigantesco. Sigamos avanzando hacia una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más feliz. Vamos por el buen camino, el camino de la igualdad y de la Justicia Social, un camino bien Peronista.