Por Ezequiel del Valle
Las dificultades que atraviesa el país no debe impedirnos ver la posibilidad de establecer un cambio de paradigma en nuestro desarrollo tecnológico-industrial y en la preservación de nuestros recursos naturales con verdadera conciencia del cuidado del medio ambiente. Caso contrario, se incrementarán el desempleo y la contaminación.
En tiempos de pandemia, la gestión de Alberto Fernández se encuentra ante la posibilidad de cambiar el destino de los argentinos en los próximos 30 años. Para ello, debe tomar real dimensión de lo que significa el replanteo de la licitación de nuestro principal canal de navegación troncal, lo que comúnmente se denomina la Hidrovía.
El Gobierno lidia como puede con los estragos del Covid-19 y de la devastación económica que dejó Mauricio Macri; tiene que lidiar, incluso, con funcionarios que no funcionan. Pero no por esto puede pasar por alto que en el diseño del pliego de la nueva licitación de la hidrovía quedará a la vista de todos cuáles son sus prioridades.
La Hidrovia tiene una longitud de 3442km, desde Puerto Caceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay). Conformada por los ríos Paraná-Paraguay, se divide en cuatro tramos: Caceres-Corumba; Corumba-Confluencia; Concluencia-Santa Fe; Santa fe–Océano Atlántico. Los últimos dos tramos son los concesionados por el Estado Argentino y se definen en la nueva licitación.
Desde 1994, se encuentra vigente la Ley 24.385, que da lugar al Acuerdo de transporte fluvial para la Hidrovía Paraná-Paraguay entre los cinco países que la conforman —Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia— y que entre otras cosas dispone la libre navegación e igualdad de tratamiento y la reserva de cargas. La actual concesión del dragado y señalización de la hidrovia Paraná-Paraguay se encuentra vigente y vence el 30 de abril de 2021. En concordia con ello, el gobierno nacional dictó el decreto 949/20, delegando la licitación en manos del Ministerio de Transporte.
El Gobierno no puede detener la Hidrovía. Como aún se desconocen los pliegos de licitación, es lógico que el traspaso de semejantes operaciones no se haga de un día para el otro. Basta con pensar que por ese canal de navegación troncal pasan la mayor parte de nuestras exportaciones agropecuarias para dimensionar la relevancia que tiene para los intereses nacionales.
Argentina es el primer productor mundial de soja y derivados y el segundo de trigo. Más de 120 millones de toneladas de productos agrícolas ingresan a los puertos que dependen de la Hidrovia para su exportación. Muchos de ellos, con procesos industriales de elaboración como los aceites y las harinas.
Ahora bien, cuando observamos que el 90% de lo exportado en granos, harinas y aceites se concentra en diez empresas multinacionales y solo cinco —Cargill, ADM Agro, Bunge Cofco y Aceitera General Deheza— acumulan el 60% de las exportaciones, resulta evidente que los intereses inherentes a la Hidrovía exceden a los del Estado nacional. Hay, en efecto, una fuerte influencia de los intereses económicos corporativos. Por tanto, la posibilidad de una nueva concesión adquiere una relevancia estratégica para los intereses soberanos de nuestro país.
La licitación futura debe dar un salto de calidad para el pueblo argentino. El componente nacional y el cuidado del medio ambiente —sobre todo si consideramos que más de quince millones de compatriotas residen en ciudades costeras— no pueden quedar de lado a la hora de definir los destinos del principal canal de navegación troncal que tiene el país. Una nueva concesión cuyos valores sean la inclusión, la sustentabilidad y la competitividad nos da la posibilidad de proyectar un escenario favorable para los intereses nacionales.
Se podría, por ejemplo, adecuar una cláusula industrial para reactivar la industria naval, que tiene mucho potencial y es dinamizadora de otras. (Se estima que por cada puesto de trabajo directo en la industria naval se generan otros dos indirectos.)
Para mover una economía estancada, parte de la flota del concesionario debería ser de construcción nacional. Esto requiere voluntad política y pensamiento a largo plazo: sería absurdo esperar que en 24 horas Argentina haga una draga y la ponga en funcionamiento. Pero nuestra industria naval cuenta con la experiencia y la capacidad necesarias para realizar una obra de esta envergadura. Sumando apoyo tecnológico y financiero externo —vía clausulas en el nuevo llamado a licitación—, podría garantizarse una buena cantidad de fuentes laborales (se estima que una draga a GNL se puede construir en cuatro años con alrededor de 800 fuentes laborales diarias). Teniendo en cuenta esto, se podría premiar a las ofertas con mayores componentes en contrataciones de astilleros locales. Con estas condiciones, podríamos pensar en dragas nacionales con tecnologías modernas.
A su vez, debemos minimizar los daños sanitarios y ambientales que provocan las emisiones de CO2, NOX, SOX y PM. Aquí es donde se propone que se penalice y limite las ofertas más contaminantes. Hoy los gastos en salud corren por cuenta de los habitantes-contaminados y no del concesionario que los genera. El uso de GNL en reemplazo del Diesel Oil en los barcos de la nueva concesión evitaría unas 200 mil toneladas de emisiones nocivas totales. A su vez, el GNL es más económico que el Diesel Oil, con lo cual se produciría un ahorro del 7% del costo del dragado. Esto mejoraría la competitividad de exportaciones y bajaría los costos de importaciones. También la baja de emisiones por uso de GNL reduciría el gasto en salud de las comunidades ribereñas. Este impacto ambiental, teniendo como país el potencial del GNL, es posible y viable la construcción de dragas a GNL.
En los últimos 26 años de concesión, nadie exigió al concesionario que construyera algún barco en el país ni mucho menos que cuidara el medio ambiente. Este dato no puede pasar por alto cuando observamos la falta de trabajo que sufre el pueblo argentino y la poca conciencia ambiental que aún se tiene. El Estado nacional debe garantizar el apoyo tecnológico mediante clausulas en el pliego licitatorio. Y promover de forma activa el desarrollo de la industria local con instrumentos financieros y devoluciones impositivas acordes a la demanda nacional que tenemos sobre la Hidrovia, dándole lugar al cuidado del medio ambiente.
Para tener un rol protagónico sobre esta nueva concesión, el Estado, a través del gobierno nacional, debe exigir garantías ejecutables al concesionario para poder asegurarse el cumplimiento del compromiso industrial y ambiental.
Se trata de una oportunidad que define los próximos 30 años. Hay que apostar, en consecuencia, por una conciencia nacional que defienda la mano de obra argentina y asuma el cuidado del medioambiente como eje principal de la Argentina que se viene.
1- Ezequiel del Valle es licenciado en Relaciones de Trabajo