Por Paula Marino
El escenario “pandémico” actual no dejará a nadie indemne. Es una de las pocas certezas que existen.
Observamos, día a día, las consecuencias en las vidas de todas las personas que habitan el suelo argentino: cierran negocios, llevándose consigo todos los sacrificios que ocasiona el emprender; gigantescas pérdidas de puestos de trabajo, que dejan desprotegidas a cientos de familias; fallecimientos y consecuencias diversas en la salud —desde las propias por COVID-19 hasta las psicológicas producto del encierro, como así también el aumento en violencia de género, ya existente pero acentuado por el aislamiento—.
Hemos sostenido con anterioridad que el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el mundo laboral. Ahora bien, sería inocente de nuestra parte excluir del análisis a la educación, la cual no sólo nos facilita el ingreso a los puestos de trabajo para subsistir y otorgarnos movilidad social ascendente, sino que nos otorga dignidad, nos hace libres de la manipulación por la ignorancia, nos iguala y forma como personas.
Ahora bien, es imposible no preguntarse: ¿Qué está ocurriendo con la educación argentina? ¿Estamos viviendo una emergencia educativa?
La Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana. Informe sectorial: Educación, realizada por UNICEF Argentina en mayo de 2020, nos obliga a ver la cruel realidad: el 53% de los encuestados en los hogares donde son percibidas las AUH no dispone de computadoras o tabletas para la realización de trabajos escolares (esta cifra contempla no sólo a quienes no poseen estos recursos, sino también a los que no pueden utilizarlos para el fin mencionado). Asimismo, el 33% de las personas sin recursos tecnológicos carece de comunicación con sus docentes.
También nos dan otra cifra, que será difícil de revertir por diversos motivos: en el 76% de los hogares con bajos ingresos, las madres son las encargadas de brindar apoyo en tareas escolares. Nadie debería dudar respecto a la clara vinculación entre la desigualdad sufrida por las mujeres debido a roles sociales prestablecidos que evitan la formación académico-laboral, la existencia de los “trabajos feminizados” que resultan los más precarizados, y los hogares con ingresos más bajos. Círculo vicioso si los hay, ¿verdad?
Estas cifras reflejan una realidad dolorosa y urgente: el derecho a la educación pública de calidad (anteriormente golpeado) hoy podría llegar a convertirse en un privilegio.
No escapan de conocimiento las medidas implementadas por el Ministerio de Educación de la Nación frente al COVID-19 (conforme datos publicados en argentina.gob.ar) respecto al programa “Seguimos educando” y el acuerdo establecido con ENACOM para la liberación del uso de datos en los sitios web de las universidades. Asimismo, el DNU 690/20 (publicado el 22/08/20 en el Boletín Oficial), que declara servicios públicos a la telefonía celular y fija, a internet y la televisión, y congela las tarifas de esas prestaciones, parecería, en principio, haber dado en la tecla. Sin embargo, tampoco se desconoce la existencia de diversos amparos sobre accesibilidad informática en barrios vulnerables (lógicamente, la vulnerabilidad social restringe el acceso a una educación de calidad).
Nos decía Eduardo Galeano: “Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres…”.
Como estudiante de la Universidad de Buenos Aires puedo decir que, por cada alumno que da a conocer su imposibilidad de acceder a una clase virtual, siempre existe el compañero que le ofrece apuntes o datos móviles, y por cada docente que impunemente omite cumplir la reglamentación de cursada —provocando irregularidades y angustias—, siempre hay otro docente que, además de brindar su conocimiento y tiempo, pone a disposición su humanidad.
Ha quedado claro: el pueblo ha entendido la premisa “nadie se salva solo”, y debe continuar exigiendo lo que le corresponde.
Quizás sea el momento de que las pulgas se unan para comprarse un perro.