Por Rodolfo Pablo Treber
En cuanto a la orientación de las políticas públicas, una vez superada la peor parte de la crisis económica ocasionada por la pandemia, el gobierno de la Nación Argentina ha manifestado que la intención será cambiar el esquema neoliberal vigente, especulativo y rentístico, por uno de producción nacional y creación de empleo.
En este sentido, resultan difíciles de comprender algunas decisiones vinculadas a la mayor empresa del país, y la más importante en el sector energético, que cumple un rol estratégico para el impulso y desarrollo de la industria nacional.
Para comprender su relevancia nos debemos remontar al año 1922, cuando la negativa de las empresas inglesas y holandesas del momento de proveer combustibles a precios razonables motivó al Coronel Enrique Mosconi a idear la creación de la primera gran petrolera estatal verticalmente integrada del mundo. Así nació, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con el objetivo de lograr ser autosuficientes en materia energética e impulsar el desarrollo industrial nacional sin dependencia alguna de potencias extranjeras. Tan libre como ética, nacía la mayor empresa argentina.
Veinte años después, con el regreso de un gobierno nacional y popular, durante los primeros dos mandatos de Perón, la empresa 100% estatal logró en nueve años incrementar la producción de petróleo un 70% y elevar su consumo y distribución de 6 a más de 14 millones de toneladas. La capacidad de las destilerías de YPF en el mismo período pasó de 8 mil metros cúbicos de tratamiento diario a 25.025. Con el impulso inicial de YPF, se creó la empresa Gas del Estado y se planificó la realización de un gasoducto desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires (uno de los más grandes del mundo en su momento). La producción de gas natural pasó de 8 millones de metros cúbicos en 1946 a 448 millones en 1954. El gas manufacturado se elevó en el mismo período de 94 a 247 millones de metros cúbicos. El número de usuarios se triplicó…
Esta exitosa performance empresaria es diametralmente distinta al desarrollado por la misma empresa en manos (y con criterios de ganancia) privada, pero también choca de frente con sus recientes resultados como empresa mixta (estatal-privada).
Sin ir muy atrás en el tiempo, en el trimestre marzo-abril-mayo del corriente año, con el precio internacional del barril cotizando alrededor de los 20 dólares según la referencia que se utiliza localmente (“BRENT”) y con la brutal caída de las acciones de las empresas petroleras por el precio negativo del barril ligero de Texas (“WTI”), YPF contó con la gran oportunidad de aumentar su participación y control en el mercado de combustibles. Sin embargo, y producto de los intereses contradictorios que coexisten en la empresa estatal-privada, el gobierno nacional dispuso la implementación de un precio sostén —bajo el eufemismo de “barril criollo”— en 45 dólares.
Entonces, cada uno de los trabajadores, sin importar el nivel de ingreso, auxilió indirectamente las ganancias de multimillonarias empresas petroleras ya que el costo del combustible se encuentra presente en todos los bienes que consumimos.
Pasado el mencionado período, en el trimestre junio-julio-agosto, el precio internacional del barril subió hasta superar el piso establecido. En el contexto de una gigantesca crisis económica mundial que agravó la heredada por el gobierno colonial de Mauricio Macri, con la urgencia de volver a poner en marcha el sector industrial además de las pequeñas y medianas empresas, con la pérdida de un millón de puestos de trabajo, y en medio de un proceso inflacionario que lleva casi diez años, la decisión política fue aumentar el precio del combustible en el orden de un 4,5% a nivel nacional y 6% en el AMBA.
En este caso no existe un problema de correlación de fuerzas para una actuación distinta dado que, en la actualidad, YPF domina el 46% de la producción petrolera nacional, el 32% de la gasífera y consta de un gran porcentaje de capacidad instalada en desuso, por lo que cuenta con espalda y poder suficiente para ponderar el interés nacional en lo que respecta a combustibles.
Es aquí donde se encuentra la principal contradicción puesto que, si bien la producción y exportación de petróleo sirve a la generación de divisas, estas políticas atentan contra la creación de empleo y el desarrollo de los diversos sectores económicos. También, porque un aumento en la capacidad productiva del país traería aparejado un proceso de industrialización que posibilite sustituir el gran volumen de importaciones que representan la mayor sangría de divisas de la economía nacional. Sin lugar a dudas, un proyecto de desarrollo en ese sentido conlleva beneficios sustancialmente mayores a la exportación de petróleo y sus derivados.
Hoy, como hace casi cien años, YPF es una herramienta clave para impulsar el desarrollo industrial que genere los puestos de trabajo que la Patria Argentina y su Pueblo tanto necesitan, pero… ¿Al servicio de quién se encuentra la principal empresa argentina?