Por Nicolás Goszi
Para muchos argentinos la garrafa ya era inaccesible antes de la pandemia. Cómo sobreponernos a la negligencia política y al darwinismo social que nos arrastró a esta debacle. La necesidad de un programa de inclusión energética. El uso de combustibles sólidos en hogares, previene la OMS, conlleva riesgo de muerte prematura y enfermedades crónicas
Con el país otra vez cuesta abajo en la pendiente del precipicio económico —sin fondo a la vista y, salvo una meseta durante Néstor y Cristina, en caída libre desde Perón hasta acá—, cómo va a hacer el Gobierno para impedir que se profundice la desintegración social. ¿Predicará con el ejemplo las Veinte Verdades? Dónde va a hacer pie para contrarrestar las presiones del establishment, su poder de fuego político y financiero, mediático, judicial. Una decisión clave, sobre todo ahora con la pandemia, que delata las miserias de la comunidad y por efecto de la conmoción crea un escenario confuso, de incertidumbre, que así como propicia reformas a favor del pueblo también puede facilitar que se concentre (todavía más) la distribución de la riqueza.
– 40% de la población no tiene gas natural en su domicilio (según la estimación más optimista —no hay datos oficiales—; otras opinan 60 por ciento).
– Cuatro provincias carecen directamente de red (Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa).
– Más de 400 mil usuarios, entre los afortunados que sí tenían conexión, se dieron de baja durante la administración Macri porque no podían pagar la tarifa, que aumentó (no solo por la inflación) alrededor de 3800%.
– $350 vale hoy, a precio oficial, una garrafa de diez kilos (El 70% de los asalariados ganaba antes de la pandemia cerca de 20 mil pesos por mes).
– El gobierno de Cambiemos —que llevó el precio oficial de la garrafa de 97 a 326 pesos en cuatro años— les quitó el subsidio del programa HOGAR a casi 600 mil familias de escasos ingresos. Subsidio que apenas cubre el 70% del precio oficial.
Para combatir el hambre, además de comida hay que tener con qué cocinarla. Parece absurdo aclararlo, pero a finales de mayo un activista social denunció en la tele lo que hace dos años viene denunciando —con menos prensa— un ex funcionario del ministerio de Energía: “A decenas de familias no les queda otra que cocinar con basura”.
Un peldaño más arriba en el podio de la fortuna están los que pueden comprar combustibles sólidos (leña o carbón) y después ya vienen los acomodados a los que todavía les alcanza para pagar la garrafa más caro de lo que deberían, porque no en todos los barrios se consigue a precio oficial (450, 550 y hasta 600 pesos llegó a valer durante el macrismo; hoy, según la zona, ronda los $570).
La situación empeora en invierno, cuando la gente, además de comer, tiene la intención de calefaccionarse, para lo que también depende de la garrafa. En la boca de expendio de las distribuidoras se ofrece al precio máximo establecido, pero solo hay cuatrocientas distribuidoras para abastecer a millones de consumidores en todo el territorio nacional. Y la mayoría, encima, se concentra en el conurbano de grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza.
Para resolver de raíz esta arista del problema —otra significativa es la formación del precio— habría que remitirse a la Ley 26.020, cuyo espíritu desvirtuaron las reglamentaciones de los directivos que estuvieron al frente de Energía entre 2016 y 2019. También habría que analizar el rol de las distribuidoras y las fraccionadoras (las que cargan el gas en las garrafas). Pero la urgencia del necesitado exige mayor prontitud en la respuesta.
“Restituir el subsidio a las familias de menores recursos y multiplicar los puntos de venta que ofertan la garrafa a precio oficial”, propone el ex funcionario de Energía que participó en 2015 de la implementación del Programa HOGAR (acrónimo de Hogares con Garrafas).
La Organización Mundial de la Salud se apoyó en diversos estudios —Ezzati et al., 2002; Smith, Mehta y Maeusezahl-Feuz, 2004— para probar que el uso de combustibles sólidos en viviendas provoca muertes prematuras y enfermedades crónicas como pulmonía, bronquitis y enfisema.
Por todo esto, las fuentes consultadas para esta nota insisten en que es urgente implementar una política de inclusión energética.
Las dificultades que surgen tanto de la distribución como de la formación del precio de la garrafa, que las empresas líderes manipulan según su conveniencia, tienen solución. Recursos hay, ¿habrá también voluntad política para que el interés del conjunto prevalezca sobre los beneficios personales?