Por José Luis Fabris
Durante el año de 1977 trabajaba en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº5, Secretaría Nº14, y me tocó tramitar el habeas corpus Nº56, en favor de tres jóvenes cuyos nombres eran Esteban Ojea Quintana, de 21 años, Roberto Miguel Vera Barros, de 23 años, y Alicia Mallea, de 22. Lo había presentado la madre de uno de ellos, la señora Josefa Boccio de Vera Barros. Todos eran empleados de los Tribunales de la Capital Federal.
La señora me relató que los tres jóvenes se encontraban el 3 de abril de 1976 en el departamento B del primer piso de Pacheco de Melo 1967, en Capital Federal, donde vivía Alicia Mallea junto con sus tres hermanos menores. Personal de la Policía Federal irrumpió en este domicilio buscando a los integrantes de una célula terrorista que trabajaban en los Tribunales, y los llevó detenidos.
Al enterarse del secuestro de su hijo, su amigo y de la dueña del departamento, la señora concurrió al edificio y pidió hablar con el vicealmirante Lambruschini, segundo Jefe de la Armada, que vivía en el tercer piso de ese inmueble.
Lambruschini la recibió a los pocos días. Vera Barros le contó lo que había sucedido y señaló que para poder ingresar al edificio los policías debieron identificarse ante su custodia. El marino le contestó que pasara en unos días y que le iba a informar qué había sucedido.
Una semana después, la señora volvió a verlo y Lambruschini le dijo que nada le podía informar porque nada fuera de lo común había sucedido. Ante semejante respuesta, la madre le preguntó, con gran valentía, con dignidad: “¿Vicealmirante, usted tiene hijos? Lambruschini contestó que sí: una hija. Entonces Vera Barros retrucó: “Espero que a usted, vicealmirante, nunca le pase con su hija lo que me acaba de pasar a mí con mi hijo”.
Lamentablemente, en un atentado posterior dirigido contra el marino murió su hija.
Siempre se dijo que Lambruschini era una pobre víctima a la que le habían asesinado a su hija, así lo presentaron los medios favorables a los intereses de los genocidas del Proceso. Por eso, en el marco del juicio a las Juntas Militares, recibió una condena de 17 años de prisión, menor a las de Videla y Massera.
Este anatema vertido por una madre no hace sino mostrar el rostro criminal del almirante Lambruschini, quien reemplazó a Massera en la conducción de la Armada. A pesar de la tragedia que le tocó vivir, no deja de ser lo que realmente fue: uno de los responsables del genocidio cometido por las Fuerzas Armadas en la década de 1970.