Por A. Eguren
El futuro corrió más rápido hacia un horizonte donde la pandemia es a la vez escenario de todas las renovaciones y todas las imprevisiones.
Cuando las nuevas lentitudes sean vencidas por las probadas velocidades de la voluntad popular, la política que renació en la administración que gobierna Argentina desde 2019 encontrará en el deporte lo que sabe que es: herramienta única, por insustituible, en la aconstrucción federal.
Hasta la fecha la gestión oficial aún no ha manifestado su voluntad política de recuperar el deporte como herramienta de construcción federal, participativa y estratégica. El proceso de degradación del deporte que resultó del gobierno de Mauricio Macri permanece activo como un ácido que corroe desde dentro sin obstáculo eficaz a su indiferente corrupción progresiva.
Falta todavía a los clubes de barrio el vigor de un respaldo institucional que venciera el merodeo de los fantasmas de tarifazos de servicios, aumentos en los insumos, precarización laboral de profesionales y personal. La Ley 27098 de Clubes de Barrio y de Pueblo, en los seis años que han pasado desde su sanción en 2014, aún reclama su adecuada reglamentación. Con tales niveles de desprotección, el deporte, a la intemperie, ya ha perdido aquella vigencia de objetivo nítido y declarada prioridad de la política pública nacional. Sus actuales ejecutores desfallecen cuando se trata de obrar en consecuencia con la visión estratégica, como lo proyectó Perón.
Sin lugar a dudas el deporte supera el ámbito del juego, los torneos y las competencias de la sociedad del espectáculo comercial. Es una manifestación social y cultural de los pueblos, un ámbito interseccional que nos une y proyecta porque integra y da forma a nuestra identidad como comunidad. Esto explica que siempre ha sido una preocupación de los procesos neoliberales y dictatoriales romper su entramado social, y por ende los liderazgos comunitarios emergentes.
El proceso de vaciamiento institucional y económico perpetrado por Mauricio Macri al ámbito del deporte está lejos de haber sido azaroso, y mucho menos imprevisible o imprevisto. Lo que aún resulta más relevante y cuestionable, pero tampoco inexplicable, es que a la fecha ese proceso no ha logrado ser revertido de manera firme y estable en su rumbo por los actores pertinentes de la actual gestión de gobierno.
Hace unos días, asistimos a una discusión entre el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la Secretaría de Deportes de la Nación por el financiamiento del viaje de atletas. Esta disputa estratégica, más acá de la riña presupuestaria, no hizo otra cosa que volver a plantearnos y a interpelarnos ¿por qué aún está vigente una decisión del presidente Macri y su Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne del año 2017? Lo cual a su vez nos obliga a remontarnos a noviembre de 2017, cuando a través de la Ley Tributaria, por iniciativa de Dujovne, se modificó el artículo 39 de la Ley de creación del Enard (26.573) sancionada en 2009. Con lo que se rompió definitivamente la autarquía del Ente. El objetivo de esta modificación era allanarle el camino al gobierno para apropiarse del 1% de la facturación de telefonía celular, (“el producto de un cargo del uno por ciento aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A.”) destinado al deporte de alto rendimiento: a partir de entonces, el Estado Nacional sólo le destina una suma fija, establecida dentro del Presupuesto.
El ministro Dujovne manifestó que el impuesto al abono sobre la telefonía celular para el deporte argentino “distorsionaba la economía nacional”. De esta manera, al igual que había pasado con la Educación y la Salud, el gobierno neoliberal de Cambiemos se apropiaría también de los recursos del Deporte, finalmente encaminados a financiar el proceso de la fuga y endeudamiento de nuestro país.
Por ese entonces, esta decisión sólo fue advertida y resistida, casi en soledad, por algunas organizaciones del deporte, como la Confederación Argentina de Deportes (CAD) y algunos otros sectores.
Lamentablemente, como ocurre en muchos casos, seguimos asistiendo a debates aparentes, y éste fue el caso, quedando sólo circunscripto a supuestos conflictos entre los responsables de cada organización (ENARD /-Secretaria de Deportes). Se pierde así una rica oportunidad de trabajar para lograr un proceso de unidad que arribe a una solución de fondo: que implique restituir la autarquía del ENARD y su consiguiente y correspondiente financiación.
Más allá de las demandas y situaciones puntuales como las que hemos referido, entendemos necesario que, terminar con el proceso neoliberal en la Argentina, demandará no sólo analizar los procesos de relaciones de poder sino, fundamentalmente, trabajar por nuevas configuraciones en los procesos de desarrollo económico y social.
Claramente, como venimos analizando si, como proyecto nacional y popular, aún mantenemos y continuamos sin desmantelar el entramado supérstite de la arquitectura legal del proceso macrista, este lastre nos frenará a la hora de abordar la cuestión de la desigualdad y la inclusión social como aquella única perspectiva que conduce a la construcción de una sociedad más democrática, justa, libre y soberana.