Por Julio C. Gambina
El incremento de precios en los alimentos supera a otros precios que también crecen en la canasta de consumo. El resultado que se expande es el impacto de una malnutrición cada vez menos localmente focalizada y cada vez más nacionalmente generalizada, nacida de la deficiente alimentación de la mayoría empobrecida que ha perdido su empleo. La soberanía alimentaria se constituye en la orientación a asumir para guiarnos en las nuevas formas de producción.
Preocupa la emergencia sanitaria y su impacto económico, ya que las restricciones instaladas devienen en una mayor regresividad de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Remito a los elevados índices de pobreza, desempleo y a la creciente desigualdad de ingresos y de riqueza. Pocos mejoraron sus ingresos, por lo que la desigualdad crece. La suba de precios agrava el problema.
Los menos de muchos ingresos, perceptores de rentas y ganancias, no definen sus consumos por más que suban los precios. Por el contrario, la mayoría de escasos recursos, quienes perciben salarios, jubilaciones, o planes sociales, limita sus consumos por imposibilidad de acceso a bienes y servicios imprescindibles para la vida, en especial, los alimentos.
El incremento de precios en los alimentos supera a otros precios de la canasta de consumo e impacta en una malnutrición por la deficiente alimentación de la mayoría empobrecida. Además, la política económica y social, aún con medidas paliativas y condicionada por el endeudamiento externo y la presión del poder para no ceder en la apropiación de la renta, no está interesada en asumir el problema de fondo.
La cuestión de fondo es el modelo productivo. Desde hace décadas, privilegia la producción. Busca colocar bienes argentinos en el mercado mundial. Por ende, interesa el precio internacional de la soja, del trigo, del maíz, de la carne, o del oro, entre otros bienes y servicios que definen, y limitan, la especialización productiva de Argentina. Una parte de esa producción se vende en el mercado mundial y con precios en alza; los productores pretenden vender esa misma producción en el mercado local a precios internacionales.
Esto genera inflación, en tanto mecanismo de apropiación del excedente. La búsqueda por vender localmente a precios internacionales se contrapone a la disminuida capacidad de compra de la mayoría de la población. Por eso importa la producción: ¿qué y quién produce, con qué destino y en beneficio de quién?
La lógica que preside este esquema es la de la ganancia del sector más concentrado de la economía, asociado a la gran propiedad territorial y a la transnacionalización económica. La propiedad concentrada demanda renta del suelo, del mismo modo que la especulación lo hace con la renta dineraria.
Todas las rentas son formas transfiguradas de las ganancias, las que se obtienen en la circulación de bienes y servicios con precios en alza. Es el resultado de un modelo de producción del agro negocio y de la mega minería de exportación, o de una industria de ensamble articulada en cadenas globales. En su conjunto, no distribuyen el beneficio a toda la sociedad.
A ello deben sumarse las maniobras especulativas sobre las divisas del comercio exterior y la evasión o elusión fiscal. Este proceso agrava la ya regresiva distribución del ingreso con el deterioro fiscal, disminuyendo el rango posible de accionar estatal ante la emergencia. Por ello se impone enfrentar y planear cambios estructurales: profundas reformas en el régimen de la propiedad y de la producción imperante.
Guía del cambio en la orientación de la lógica productiva actual ha de ser la busca de formas de organización económica y social sustentadas en la satisfacción de necesidades esenciales. El impulso de la alimentación y del empleo debe combatir estos dos principales efectos del empobrecimiento vigente. La soberanía alimentaria se constituye en la orientación a asumir bajo nuevas formas de producción.
Este formato requiere asignación de tierras y asistencia económica, financiera, tecnológica e incluso formación y capacitación. Sólo así podrá atenderse la dinámica de un proceso de transición desde modo actual prevalente hacia otro afirmado en la propiedad colectiva, cooperativa, de autogestión asociada y comunitaria, completada con el aliento y estímulo a la pequeña propiedad de gestión familiar. Todo se define en el rumbo político que asuma la sociedad.