Por @arielmagirena
Los errores propios, no forzados, que impidieron implementarla durante el gobierno de Cristina. Hoy, encorsetada por decretos macristas, parece que no hay voluntad de recuperar sus propósitos en una nueva versión que nos libere de la manipulación, las falsas noticias, la censura y la imposición de agendas
Lo que se negó durante los 6 años de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en un mandato y medio de Cristina, es la discusión sobre nuestros errores y claudicaciones en torno a la democratización de los medios. Corriendo el eje —intencionalmente— se puso foco en la llamada cláusula de «desinversión» —para la cual la corporación tenía una variedad de ardides— cuando el alma de la Ley era la promoción, creación y habilitación de nuevas voces. Objetivamente, lo que no se hizo cuando los medios alternativos esperaron casi una década a que AFSCA regularizara sus licencias y frecuencias de acuerdo con la reserva del tercio destinado a medios sin intención de lucro, algunos terminaron recibiéndolas del gobierno de Macri.
Durante nuestro mandato se eludió la responsabilidad que implicaba que la ley reconociera la comunicación como un derecho pero se le negara presupuesto. En lugar de promover y financiar medios populares, se contrató desde el Estado a grupos empresarios concentradores que explotan a sus trabajadores y se fomentó la creación de nuevos monopolios como una suerte de fuerza de choque contra el discurso hegemónico. Sin embargo, los foros habían incluido explícitamente el requisito excluyente de que el titular de una licencia tuviese como fin único la comunicación audiovisual. Para eso ponderamos la capacidad de AFSCA para solicitar cruzamiento de datos que determinaran el origen de sus fondos y toda información económica y patrimonial como los vínculos y la relación societaria de los propietarios o aspirantes a propietarios de esas licencias. En un mundo donde las grandes empresas se apropian de los medios de comunicación, esta cláusula es una garantía de la libertad de prensa, ya que todas las empresas tienen la misma posibilidad de publicar sus productos o servicios en cualquier medio (ninguna podría apropiarse de uno y negarlo a las demás).
En tanto una enorme tropa comunicacional militó y consiguió la LSCA, el Gobierno eligió contrarrestar el proyecto hegemónico compartiendo el paradigma dominante en lugar de romperlo. Como si la cautelar de Clarín fuera universal, AFSCA concedió mediante decreto que el 7 de diciembre de 2012 —cuando la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la ley de democratización de los medios audiovisuales— ningún grupo concentrador tuviese que adecuarse a la LSCA. Incluso públicamente se le sugirió a un empresario que pusiera medios a nombre de sus familiares (lo que la ley taxativamente prohíbe). Hasta el más ingenuo advierte que no es justicia mantener los privilegios de 20 grupos empresarios con el pretexto de que uno tiene una cautelar a su favor, pero esa estrategia puso a los grupos que habían presentado planes de adecuación a esperar a que Clarín lograra su cometido y entonces TODOS pudieran seguir sin cambios. Si el 7D los grupos mediáticos —competidores y a la vez socios de Clarín, pero no incluidos en la cautelar— hubieran sido obligados a cumplir la ley, como cualquier ciudadano, habrían protestado contra el privilegio de Clarín en lugar de quedar pasivamente a la espera de un dictamen que también los favoreciera. Lo peor de todo es que esta situación estaba prevista. La Ley de Medios se discutió a sabiendas de que la tecnología le pasaría por encima en menos de 10 años; sin embargo, no se la ejecutó con la profundidad necesaria para imponer las reglas antes de que ocurriera. El único antecedente había sido la ley de Perón de 1953, derogada por el golpe del 55 y suplida en 1974 —otra vez por Perón— mediante la nacionalización de los medios audiovisuales.
La ley mas discutida de la historia argentina está hoy encorsetada por decretos macristas, sin que se observe ninguna voluntad de recuperar sus propósitos en una necesaria nueva versión que nos libere de la manipulación, las falsas noticias, la censura y la imposición de agendas. Los que se quejan del daño que nos producen los medios no tienen política de medios y alientan con ingenuidad o dolo —sin que sepamos qué es peor— la información por redes que dominan los monopolios. Los medios deben perder su impunidad y asumir la responsabilidad social sobre lo que publican. #QueSeaLey!