Por Julio César Urien[1]
El hecho político del lanzamiento de la mesa de enlace autodenominada “Mesa de Encuentro Libertador General San Martin”, integrada por la unión del personal retirado de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y policiales, ha generado un gran impacto político por la sorpresa y su significado. A tal punto, que provocó una rápida reacción de denuncia por parte del Ministro de Defensa, a la que se sumaron, además del arco político, sectores del campo popular, y dio lugar a una desmentida de los integrantes de dicha mesa, que inmediatamente tomaron distancia de la misma.
Esto mereció, además de una condena, una caracterización por parte del Ministro de Defensa que considero necesario profundizar.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, denunció que esta mesa de enlace es una construcción conjunta entre referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, y la caracterizó como una fenomenal operación política, haciendo hincapié no sólo en la manera en que apareció en los principales medios de comunicación, sino también en la propia autodenominación “Mesa de Enlace”, que alude a la mesa que sectores agropecuarios conformaron para oponerse al aumento de las retenciones en contra del Gobierno en el año 2008. “Los nombres no se ponen aleatoriamente”, manifestó.
Denunció que esta mesa de militares y policías retirados “pretende conspirar, desestabilizar y desgastar al gobierno nacional e intentar cuestionar el rol de la política de defensa que hoy se lleva adelante en la Argentina”. Advirtió que su cartera “no va a permitir” que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas “para financiar operaciones políticas” que no corresponden al personal militar y advirtió que una de las medidas que podría tomar su ministerio para desalentar esas actividades estará dirigida en esta órbita de financiamiento.
Además, cuestionó duramente el surgimiento de este espacio integrado por el ex jefe del Ejército durante el gobierno macrista, el general Claudio Pascualini, y personal retirado de las distintas fuerzas acusado de conspiración y espionaje ilegal.
Sostuvo que “lo primero que hay que hacer es denunciar” las intenciones de esa agrupación y “estar atentos” a lo que hacen.
Lo que en realidad buscan estos actores políticos es “disputarle la conducción militar” a los jefes de las Fuerzas Armadas que actualmente están en funciones bajo juramento de respeto a la Constitución Nacional, subordinados al Ministro de Defensa y comandados por el Presidente de la Nación como Comandante en Jefe de las mismas.
Están buscando protagonismo y un mayor espacio político, dejando en evidencia que su intención es reemplazar a esa cúpula profesional por una representación política que ellos se autoarrogan.
Se montan en reclamos gremiales y profesionales que deben plantear las autoridades en actividad y desconocen que este gobierno ya ha comenzado a resolver tanto la cuestión salarial como la del reequipamiento militar, ya que se logró la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas), que actualmente está en ejecución.
El promotor y referente principal de esa mesa de enlace es el general Ernesto Juan Bossi, un militar retirado que abogó por la intromisión del Ejército en tareas de seguridad interior —hecho prohibido por la ley de Defensa—, que fue denunciado por el expresidente Néstor Kirchner como conspirador y que fue presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida. También fue secretario general del Ejército durante los años 90, “la década en la que más se depreció el salario militar” y en la que se crearon suplementos no remunerativos “que el gobierno actual decidió incorporar al salario básico”.
El segundo referente principal es el General retirado Daniel Reimundes, un exmilitar acusado por espionaje ilegal y actualmente presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida.
No podemos dejar de desconocer que esta estructura venía existiendo y que ahora se expresó públicamente por una decisión política que busca actuar como representación de estos actores armados que, sumados a sectores del establishment local e internacional, vienen generando un vacío de poder que, de prosperar, llevan a una política destituyente.
La historia de nuestro país nos demuestra la importancia de no subestimar estas acciones, aunque en una primera instancia no se concreten, ya que muestran una intención que, si no se desactiva realmente, en un contexto más propicio se transforma en una opción de poder real.
La estructura autodenominada “Mesa de Enlace” tiene poder financiero, político y militar.
En lo relativo al aspecto financiero, “es seguramente a través de la Sociedad Militar Seguro de Vida, fuente de financiamiento de muchas de estas actividades ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para diversas operaciones políticas”. Maneja buena parte de los recursos del personal militar, que cobra sus haberes a través de una cuenta sueldo dentro de esa institución.
También están relacionados con empresas de seguridad como la del militar retirado Tito y con fundaciones como Crítica, que preside el general retirado Cundom.
Varios de los organismos mencionados en las notas de Clarín y la Nación como miembros de este espacio reciben importantes aportes del Estado. Y ante las amenazas del Ministro de Defensa de quitárselos, se distanciaron rápidamente.
Además, varios de estos militares forman parte de empresas que conforman el establishment.
En lo Militar, tienen cierta llegada al interior de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, según el desarrollo de la coyuntura política, y más teniendo en cuenta el rol de los grandes medios y de las redes sociales, donde la realidad virtual subjetiva se impone a la realidad objetiva.
Tienen una representación de mando importante presidida por generales y una comunión ideológica común a cuadros en actividad que, debido a su formación y aislamiento, son propicios a captar.
En manifestaciones periódicas queda de manifiesto el militarismo como poder fáctico, al expresar ante la sociedad determinados aspectos. Aunque elípticamente, a partir de una estrategia de aproximación indirecta, reivindican la doctrina de seguridad nacional.
También es importante tener en cuenta la realidad que se vive en los países de la región, donde el poder militar condiciona y subordina al poder político.
Tampoco se puede dejar de subestimar la identificación ideológica con el Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas, siempre presentes en estos espacios.
Las organizaciones de retirados son una forma de expresión histórica para influir en el personal en actividad ya que no están sujetos a los reglamentos.
En lo Político, observamos que entre los integrantes de la última acción movilizadora e ilegal de la policía Bonaerense se vio a muchos ex miembros exonerados de la fuerza y retirados vinculados precisamente a la fuerza de oposición de Cambiemos.
También se los puede vincular con organizaciones como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), que reivindican el terrorismo de Estado.
Lo mismo sucede con los altos oficiales retirados de la Mesa que son referentes del menemismo o del macrismo.
En conclusión, este espacio armado está sometido a acciones políticas que buscan sumarlo a una estrategia integral de desestabilización impulsada por los factores de poder tradicionales vinculados a la oligarquía, que pretenden que n o nos consolidemos como una Nación Soberana y que, en la medida que lo vayan logrando, van a tener más inserción y poder de captación.
En función de esto, más allá de la necesidad de medidas del Gobierno para sancionar con el peso de la ley a estos conspiradores e impulsar una política de control democrático de las instituciones armadas, hay que avanzar en la unidad, organización y movilización del Campo popular para contrarrestar cualquier intento destituyente y consolidar el proceso democrático, profundizando un proyecto nacional y popular que necesariamente debe contemplar cambios estructurales que rompan con la dependencia.
[1] Teniente de Fragata (RE)