Por Ariel Magirena
“Para el capitalismo la renta nacional es producto del capital y pertenece ineludiblemente a los capitalistas. El colectivismo cree que la renta nacional es producto del trabajo común y pertenece al Estado, porque el Estado es propietario total y absoluto del capital y del trabajo. La doctrina peronista sostiene que la renta del país es producto del trabajo y pertenece por lo tanto a los trabajadores que la producen.”
(Presidente Juan Perón, 2 de mayo de 1950. Inauguración del período de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional.)
El empleo informal en nuestro país es uno de los flagelos que consiguen profundizar la pobreza y desfinanciar el sistema jubilatorio, además de arriesgar la salud y la seguridad de los trabajadores. Para eliminarlo y promover la creación de empleo genuino se hace necesaria la creación —integrada al esquema del Ministerio de Trabajo— de una Agencia Única Nacional de Empleo (AÚNE) que establezca, con el DNI, el registro de la situación laboral y social, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. De manera tal que cada emprendimiento que demande mano de obra o servicio, lo hará, obligatoriamente, mediante la AÚNE y a través de las filiales locales; y en caso de brindar una oferta directa dará inscripción formal, aún en casos de período de prueba o de empleo estacional o eventual.
El registro permitirá que cunda la alarma digital en casos de situación irregular, como la falta de movimientos de su cuenta sueldo, y envíe automáticamente un llamado a regularización al CUIT del empleador o CUIL del trabajador; cuya falta de respuesta llevará de oficio a una inspección en la empresa y el domicilio particular del empleado, para esclarecerla, resolverla, mediar o interponer una medida cautelar en caso de conflicto que afecte el derecho al trabajo y al sustento.
Con un horizonte de pleno empleo, y, considerando el trabajo un derecho inalienable, de articulación social, la AÚNE va a ponderar las capacidades y restricciones para tareas, y dar formación a cada trabajador para alcanzar el objetivo: “en la Argentina cada quien debe producir por lo menos lo que consume”, como aporte al desarrollo productivo y a la justicia social. Para su funcionamiento, cada ciudadano mayor de edad que no acredite incapacidad para toda tarea estará automáticamente inscripto para gozar de los derechos que la constitución garantiza para todos los trabajadores.
Desde el momento de su creación, la AÚNE recibirá del Registro Nacional de las Personas los mismos datos que provee a la autoridad electoral para revisar la situación laboral o social actualizada de los empadronados. Esta política terminará con toda discriminación que se naturaliza en los “cupos” que estigmatizan a los trabajadores, según sus condiciones, desde la perspectiva hegemónica y del “decir correcto”, que impone su arbitrariedad nominando en lugar de resolver. Del mismo modo, liquidará el negocio político o económico detrás de la desocupación y la pobreza que contamina y distrae la función legítima y estratégica de las Organizaciones Libres del Pueblo.
En paralelo, se promoverá una Ley de Responsabilidad Social Empresaria; se normatizarán convenios firmados entre los sindicatos por rama y el Ministerio de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud e higiene en el ámbito laboral y la comunidad; así como el cumplimento de los convenios colectivos.
La realidad argentina desde la última dictadura oligárquica y antinacional llevó a una inaceptable naturalización del desempleo, basada en la crisis del empleo en el mundo capitalista. Y esto colisiona frontalmente con el modelo justicialista. Aceptar, como categoría, el desempleo, equivale a aceptar el hambre, la pobreza o la discriminación. Por eso, en la administración del Estado, el Justicialismo tiene históricamente la temática del trabajo abordada con rango de ministerio y la temática social asociada al bienestar en otra cartera de la misma jerarquía.
Un desocupado es un trabajador desperdiciado, un trabajador (“del músculo o del intelecto”, calificaba Leonardo Favio) al que el egoísmo del sistema roba su condición y con ella su dignidad.
“¿Cómo puede ser que en nuestro país, donde todo está por hacerse, haya desocupación?”, se preguntaba Juan Perón en 1972 ante la cámara de Octavio Gettino y Fernando Solanas, consultado durante su exilio y proscripción.
El Justicialismo aborda el desempleo como un fenómeno de la voracidad de las sociedades de consumo (que Perón calificaba como “del despilfarro”) por la extremación de ganancias que pretende el capitalismo salvaje que denuncia el papa Francisco y que ejecuta mediante la explotación de los trabajadores.
En ese sentido, el Estado se ofrece como promotor del empleo, del desarrollo productivo y del bienestar social como el demandante mayor de productos y servicios. La decisión política de compra local, compra nacional y compra a cooperativas activa la creación de emprendimientos productivos y de servicios.
Ningún gobierno puede verse ni considerarse hoy sorprendido por los ataques del “mercado”. Formadores de precios, acaparamiento, desabastecimiento, monopolios o cartelización, especulación, evasión y otras maniobras terroristas que pretenden poner al mercado por encima de los derechos humanos (esos que Nelson Mandela sostenía que comenzaban con el desayuno) son inocultables a los ojos de los trabajadores.
Somos los trabajadores los que sabemos dónde está la mercadería escondida, cuánto cuesta producir, si hay vaciamiento o algún fraude cometido por su patronal.
Por eso, la sociedad entre el gobierno, la fuerza de trabajo y la producción debe ser virtuosa, justa y transparente, entendiendo por fin que no es la riqueza la que genera trabajo, sino el trabajo el que genera riqueza.