Por Melisa de Oro, secretaria de Diversidad de AMMAR Nacional
El sindicato de trabajadores sexuales de Argentina está negociando con Desarrollo Social para que se incorpore la categoría “Trabajadores Sexuales” en el RENATEP, un trámite que debería ser sencillo por el decreto de Néstor contra la discriminación. Las medidas que había implementado Perón para regular la actividad.
En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó el “Plan Nacional contra la Discriminación”, que se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el 27 de septiembre de 2005 (Decreto 1086/2005). Este plan incluía algunos puntos y recomendaciones que vienen al caso en estos momentos en que las trabajadoras sexuales han hecho visibles sus reclamos de reconocimiento por parte del Estado y han solicitado su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Una aspiración que se vio frustrada por la rápida movilización de los sectores anti-prostitución (a nuestro entender, mal llamados “abolicionistas”), que utilizaron toda su potencia lobista para eliminar la categoría “Trabajadoras Sexuales” del formulario de inscripción. Durante las escasas cinco horas que duró en línea el formulario, 800 trabajadoras sexuales de todo el país lograron inscribirse.
El verdugo de las putas fue Gustavo Vera, ex legislador porteño, conocido por sus posiciones conservadoras y por su responsabilidad legislativa en el cierre de los cabarets de Buenos Aires que terminó dejando sin ingresos a miles de trabajadoras del sexo. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no resistió la presión de les trolls “abolicionistas” (ni de sectores políticos y clericales) y, sorprendido por la violencia de la reacción, puso en “stand by” todas las inscripciones.
El decreto de Néstor contra la discriminación plantea abiertamente: “… 12. Modificar la ley No 20.744 del Régimen de Contrato de Trabajo a fin de incluir una figura que prohíba, de manera específica, la discriminación en el ámbito del empleo basada en principios racistas y/o discriminatorios (…) 17. Derogar los artículos de todos los Códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales ‘abiertas’ (falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución, etc.) que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa. 18. Promover la sanción de una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social”[1]. En otras palabras, el Estado reconoce a las “trabajadoras sexuales” como sujetas de derecho y solicita promover la sanción de una ley específica tendiente a ampararlas, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social. La redundancia no es casual, ya que la mala memoria parece ser bastante común en algunos sectores políticos y académicos.
La inscripción en el RENATEP tendría que haber sido de trámite sencillo, sin permitir que los mismos sectores que se habían opuesto a las leyes de Divorcio, Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, y de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, impusieran su moral sobre la voluntad de personas mayores de edad que luchan por derechos laborales y sociales. Lamentablemente, no fue así.
Cabe recordar que en 1944, con la modificación de la Ley de Profilaxis (Decreto-Ley 10638/55, que lleva la firma de Juan Perón), se habilitaron las “casas de tolerancia” bajo supervisión del Estado y que esta medida fue refrendada en 1946 por el ya presidente Perón, quien en diciembre de 1954 habilitó, mediante decreto, los “prostíbulos” en todo el territorio nacional. La revolución fusiladora del 55 (en connivencia con los sectores eclesiásticos) derogó toda esa legislación e impuso un modelo de persecución y represión sexual. La dictadura de Onganía continuó la misma línea.
En la actualidad, el sindicato de trabajadorxs sexuales —Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)— se encuentra en negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar la categoría “Trabajadorxs Sexuales” en el RENATEP. Después de reunirse con la secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, el ministro Arroyo se ha comprometido a facilitar el ingreso de compañeras trabajadoras sexuales al programa “Potenciar Trabajo” y a brindarles asistencia alimentaria mientras dure la cuarentena del Covid-19. Por primera vez en la historia argentina, un sindicato de trabajadorxs sexuales participa de una reunión para tratar las problemáticas del sector con dos ministres de la Nación: Arroyo y Elisabeth Alcorta, del ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Este hecho inédito preanuncia cambios importantes para el reconocimiento de los derechos laborales y sociales de lxs trabajadorxs del sexo.
Los avances, por tanto, son auspiciosos. El tiempo dirá si triunfa la sensatez, y el Estado reconoce derechos a un sector oprimido y clandestinizado, o si triunfa el statu quo, la moral conservadora y represiva, y se mantiene en la marginalidad (sujetas a la violencia institucional) a miles de personas que se ganan la vida como trabajadoras clandestinas. Es hora, la hipocresía ya duró demasiado.
[1] (Páginas 211/212, PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, Martes 27 de setiembre de 2005 – Primera Sección – Suplemento BOLETIN OFICIAL Nº 30.747).