HAY QUE DISCUTIR EL MODELO PRODUCTIVO

Por Julio C. Gambina

La Argentina se construye como tal hacia 1880 con la extensión física vía incorporación del territorio patagónico, genocidio mediante, y la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Es el momento de la confirmación de un modelo productivo de inserción internacional subordinado, dependiente, conocido como “primario-exportador”. El país se inserta en la modernización capitalista mundial en tiempos del imperialismo bajo hegemonía británica. Por eso, la dominación económica, política y cultural se asienta en un bloque de poder que incluye al capital externo, principalmente británico, y a los grandes terratenientes. Ese bloque de la dominación capitalista desarrollará su actividad sobre una clase trabajadora constituida principalmente sobre la gran inmigración desplegada en la segunda parte del siglo XIX. Se trata de una primera forma de la producción local para organizar una estructura económica social capitalista en tiempos del imperialismo a escala mundial. La subordinación y la dependencia están en el origen de la consolidación del capitalismo local, una característica nunca abandonada. Superar la dependencia y al propio capitalismo es una asignatura pendiente de un bloque popular que dispute el poder histórico en la Argentina.

Resulta de interés recuperar la historia de la organización de la producción capitalista local para pensar en los desafíos del presente. Consumado el modelo aperturista de subordinación, emergen en el marco del desarrollo capitalista nuevos sujetos que luchan por encontrar su lugar, no solo desde lo económico, sino también en la política, por lo que se procesan proyectos que intentan construir “autonomías” e “independencias” para el desarrollo capitalista. Son aspiraciones “ilusorias”, que pasado el tiempo podemos sustentar ante la obstaculización promovida desde el poder de los monopolios y su dinámica de internacionalización de la producción y transnacionalización económica vigente en nuestros días. La ilusión de un capitalismo autónomo, no dependiente, inspiró proyectos políticos que aún sostienen sus propósitos y disputan consenso en la sociedad.

La base material de esa historia del capitalismo local, en la primera mitad del siglo XX, se procesó en la extensión de la clase trabajadora y la emergencia de sectores pequeños y medianos de la burguesía local orientada al mercado interno. Las formas políticas de esta dinámica renuevan las instituciones y organizaciones que disputan el sentido común y el gobierno del capitalismo local. Así emergen el radicalismo y el peronismo en la disputa política, liderando acciones de masas que condicionan la vida política, vía grandes movilizaciones sociales por reforma agraria, urbana, universitaria, social, sindical, laboral, incluso la novedad de las elecciones, primero solo para varones, y pasado el medio siglo, universales. Esa novedad política se manifiesta como nueva hegemonía del bloque social que disputa el poder al bloque de la dominación.

Así se construirá por décadas la demanda de un modelo de industrialización vía sustitución de importaciones que, además de incorporar al bloque de la dominación a sectores de la burguesía local, ampliará la esfera de discusión de la clase trabajadora y otros sectores populares en lo relativo al modelo productivo y de desarrollo. Será el tiempo de las “nacionalizaciones” y un gran despliegue del Estado productor directo en variadas áreas del desarrollo capitalista local. Es un rumbo asociado al que se asume en el ámbito mundial luego de la crisis de 1930 y muy especialmente en la posguerra desde 1945. El keynesianismo y el Estado del bienestar ocupa un lugar como corriente principal en el debate sobre la evolución capitalista. Es más, la bipolaridad sistémica entre capitalismo y socialismo emergente en 1945 supone la emulación entre ambos polos por la planificación económica y productiva, más allá del peso relativo del capital público y el privado. 

Golpes de Estado y acumulación

La especificidad en el desarrollo histórico de la Argentina es que, en simultáneo a ese proceso de lucha por la organización económica, política y cultural del país, el viejo poder originario del proyecto del 80 del siglo XIX, bajo hegemonía del capital externo y el poder oligárquico terrateniente, intentará, vía ciclos de golpes de Estado entre 1930 y 1976, la restauración del orden.

El viejo poder no resignó pacíficamente las cuotas de poder que les fueron arrancadas en históricas luchas de la sociedad emergente bajo las nuevas condiciones de la ampliación de las relaciones capitalistas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. La lucha fue desplegada con las fuerzas armadas y de seguridad, la institucionalidad reaccionaria en la Sociedad Rural, la academia donde podía, los clubes oligárquicos, el diario La Nación, entre otros instrumentos. Lo que sobrevino es una historia de inestabilidad política y económica, que consolidó el desorden económico, expresado entre otras cuestiones en la inflación, mecanismo esencial en la lucha por la apropiación de la riqueza socialmente generada, con regresivos resultados en la distribución del ingreso.

Los registros de los indicadores de precios remiten a comienzos de los años 40, y los picos inflacionarios se consuman en tiempos de grandes disputas por la apropiación del ingreso a comienzos de la década del ‘50, en el inicio del segundo gobierno peronista, con valores máximos del 60% en 1952; durante el ciclo gobernado por Frondizi, con un pico de más del 120% durante 1960; hacia fines de 1973, bajo el tercer gobierno de Perón, con valores en torno al 80%; y al final de la dictadura militar con valores en torno al 500% y picos del 3.000%, con fuertes devaluaciones asociadas, lo que supuso fuertes transferencias de ingresos desde la mayoría empobrecida a los sectores más concentrados.

La inflación es un mecanismo del poder para apropiar ingreso socialmente generado. La producción, tanto su generación como la circulación de bienes y servicios, el excedente y su acumulación es lo que se discute históricamente en el país. El poder en origen, subsistente en la historia hasta el presente, nunca resignó su cuota en el bloque de la dominación y solo cedió parte de la apropiación del excedente ante la lucha y demanda de sectores subalternos e, incluso, de sectores que disputaban el poder del capitalismo realmente existente. No cualquiera puede establecer y/o aumentar los precios. Es más, los economistas hablan de la “restricción externa”, que no es otra cosa que el poder originario de los sectores hegemónicos asociados al sector externo de la economía, los apropiadores de las divisas producto del trabajo socialmente generado. La restricción externa es el viejo poder oligárquico asociado al capital externo, hoy explicitado como transnacionalización que involucra a las empresas más concentradas de la alimentación, la biotecnología, la industria de ensamble de alta tecnología y las finanzas liberadas para la entrada y, muy especialmente, para la salida y fuga de capitales.

El golpe de 1976 pretendió (sin lograrlo totalmente) definir la situación, recuperando poder desde la violencia del terrorismo de Estado, e impulsó la adecuación de la producción local a la demanda de la liberalización sustentada bajo la globalización. Relativizamos el logro del objetivo, ya que, pese a la fortísima iniciativa política, represiva e ideológica, nunca fue doblegada la resistencia de la clase trabajadora y sectores empresarios involucrados en un proyecto de desarrollo asociado al mercado interno. Solo como anécdota recordemos que, en su nueva ley de entidades financieras, la aún vigente 21.526/77, se pretendía eliminar al cooperativismo, pero una importante lucha liderada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) le arrancó a la dictadura la posibilidad de que exista, todavía hoy, la banca cooperativa. En rigor, desde 1975/76 se habilita un debate que podemos sintetizar en los esfuerzos del poder más concentrado por restaurar una lógica de subordinación al sistema global, en contra de la visión por un proyecto de “capitalismo nacional” que, imposible aún de materializarse en tiempos de transnacionalización, inspiró luchas políticas que se mantienen en el tiempo.

La novedad en este sentido, y ya en el siglo XXI, la constituye el “macrismo”, identidad política electoral mediante la cual el poder concentrado intenta por primera vez la restauración en el marco del régimen constitucional, incluso estimulando acciones callejeras que intervienen en el condicionamiento de las políticas de gobierno. Sectores que jamás habían protagonizado movilizaciones callejeras —y, más aún, las denigraban— son ahora movilizados en defensa de la propiedad privada, a causa de la expropiación de Vicentin o en crítica al impuesto a las grandes fortunas o las tomas de tierras. La propiedad privada está en el centro del poder originario de las clases dominantes y en el origen del modelo productivo y de desarrollo capitalista.

Un agregado importante en estas consideraciones es que el proyecto en contra del orden capitalista que inspiró los procesos de mayor acumulación de poder popular, especialmente entre 1969 y 1975, nunca cristalizaron en una fuerza política social con posibilidad de liderar un proceso anticapitalista en la Argentina, más allá de programas sustentados por partidos, organizaciones y grupos políticos, sindicales, sociales y culturales, incluso ocupando espacios, siempre limitados en alguna gestión de gobierno.

Premisas para la transición y la alternativa

La disputa por un orden alternativo, incluso en contra y más allá del capitalismo, se organiza en torno a los factores condicionantes para constituir una base productiva de organización local, articulando planificación conjunta de la autogestión social, comunitaria y la intervención estatal. Es un mecanismo alterno al de la acumulación del capital privado y un papel subordinado del Estado “capitalista” a ese propósito. Claro que esa pretensión alternativa en la Argentina actual debe reconocer las condiciones limitantes del fuerte endeudamiento externo, las cuales deben enfrentarse desde una perspectiva de autonomía e independencia, en confrontación con el poder mundial y local, con la suspensión de los pagos por la deuda pública y una amplia auditoría que determine lo ilegal, ilegitimo y odioso de la deuda pública. Es un tema asociado a la redefinición del papel de la banca y el financiamiento de un programa alternativo de desarrollo y que rechace toda negociación con el FMI.

Así, un proyecto alternativo se fundará en las capacidades productivas propias, comunitarias y autogestionarias desarrolladas por el movimiento popular por décadas, lo que alienta la reproducción de la producción para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Se apunta a resolver la transformación de las actividades primarias, sobre la base de la soberanía alimentaria, energética y financiera, con sujetos económicos conscientes del proceso de cambio en curso. En simultáneo, avanzar en la industrialización no dependiente con incorporación de tecnología asociada a la investigación y la ciencia local, regional y mundial, que facilite desarrollos de avanzada en la solución de las demandas sociales. La propuesta pretende superar concepciones hegemónicas relativas al desarrollo en el marco del capitalismo, concepción hegemónica en el debate sobre el “desarrollo”, por otra concepción orientada a resolver los problemas más acuciantes de la sociedad: la pobreza, el empleo, la vivienda, la satisfacción de derechos, todo en aras de mejorar las condiciones de vida.

Somos conscientes de que la propuesta alternativa supone la confrontación con el poder históricamente constituido y promotor del desarrollo subordinado, dependiente de la lógica mundial de acumulación capitalista. Es una tarea gigantesca que demanda una masa social dispuesta a la lucha y a la organización, con la conciencia social de la magnitud de la tarea a desarrollar, que pueda transformar esas aspiraciones en un programa social y nacional mayoritario para la disputa del poder. Solo con un poder socialmente arraigado es posible proponer un proceso de transformaciones socio económicas que involucra la creación de nuevas instituciones, desde un Estado de la transición en contra y más allá del capitalismo; pero también un entramado social y cultural de amplia participación en la toma de las decisiones sobre la organización de la producción y circulación de bienes y servicios para satisfacer amplias demandas de la sociedad.

Es en la creación y apropiación social del valor, del valor de uso y no del valor de cambio, donde se resuelve la conformación de un modelo de producción y desarrollo alternativo. Convengamos que es una tarea que requiere ser articulada con otros procesos similares en la región y en el mundo, ya que el límite para el proceso liberador es la hegemonía del capitalismo en el ámbito mundial. La ocasión de la crisis mundial, agravada por la pandemia del coronavirus, nos anima a pensar que este es el tiempo de la civilización contemporánea para concebir un orden en contra y más allá del capitalismo.